El Gobierno Nacional activó un estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, como respuesta inmediata a los graves disturbios y actos vandálicos que se registraron ayer 19 de junio en varios sectores de la provincia.
La medida fue aprobada durante un Consejo de Gabinete Extraordinario, según confirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y contempla la suspensión parcial (5 días) de derechos y garantías constitucionales en toda la región.
Entre los artículos suspendidos figuran aquellos relacionados con la libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, derecho a reunión, libre expresión y comunicación, tal como lo establece el artículo 55 de la Constitución Nacional en casos de alteración del orden público.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad, se desplegaron unidades adicionales de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para reforzar el control en puntos estratégicos y restablecer la calma en las comunidades afectadas, especialmente en Changuinola y Almirante.
Autoridades locales han pedido a la población mantener la calma, acatar las indicaciones oficiales y evitar la propagación de rumores en redes sociales.
Mientras tanto, sectores económicos y gremios empresariales han expresado su preocupación por el impacto de los disturbios en la región, y han llamado al diálogo como vía para resolver los conflictos sociales que dieron origen a las protestas.
